NAVEGADOR DE LA CONTRATACIÓN

ESTATAL COLOMBIANA

 

 

Álvaro Darío Becerra Salazar

especialista en contratación estatal

aldario@yahoo.com

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Normas Generales

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Reg. Especiales

 

NORMAS

 

Ley 80/93

Ley 1150/07

Ley 1474/11

Decreto 019/12

Decreto 734/12

C.C.A. Libros I - II

Nuevo C.C.A.

 

Derogadas Dec. 734

 

Dec. 2474/08

Dec. 679/94

Dec. 4444/08

Dec. 4828/08

Dec. 2025/09

Dec. 1464/10

Dec. 2156/11

 

 

Esta página contiene cuatro (4) jurisprudencias

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

Ver concepto de la Sala de Consulta C. de E.

 

Ratificación jurisprudencial 2010

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01219-01(24639).-

 

2.1.     Competencia de la Sala. Resulta pertinente precisar que si bien es cierto, el régimen jurídico constituye un aspecto determinante de la manera en que puede obrar una entidad pública o privada, también lo es, que dicho régimen en manera alguna define la competencia jurisdiccional. Este criterio ha sido adoptado en diversas oportunidades por esta misma Sala, para analizar la naturaleza jurídica de los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y los celebrados bajo el amparo del derecho común, sobre lo cual se ha dicho que ambos son contratos estatales, no obstante encontrarse regidos por dos ordenamientos jurídico-sustantivo diferentes. 

 

El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la ley 446 de 1998, consagraba la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, atribuyéndole el conocimiento y juzgamiento de aquellas controversias y litigios administrativos que se originaban en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñaran funciones propias de los distintos órganos del Estado. La citada norma cifró su atención en la naturaleza del litigio - de carácter administrativo-, para efecto de la atribución de la competencia a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

 

Con la expedición de la Ley 1107 de 27 de diciembre de 2006, se introdujo una modificación al artículo 82 del C.C.A., con la cual se surtió un cambio radical al ampliar la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para dirimir las controversias originadas, de manera general, en la actividad adelantada por las entidades públicas.

 

La norma en comento, sustituyó la referencia que hacía el anterior texto del mismo artículo 82, a las “controversias y litigios administrativos”, por la expresión “controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, modificación que incluye, por regla general, a las entidades estatales, sin importar la función que cumplan, ni el régimen jurídico que les sea aplicable, ni el tipo de controversia de que se trate –contractual, nulidad y restablecimiento del derecho, responsabilidad extracontractual, etc.-, puesto que el criterio adoptado en la norma es el subjetivo u orgánico, en el cual lo determinante es la naturaleza del órgano o sujeto que actúa y no la actividad que cumple.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ENRIQUE GIL BOTERO, BOGOTÁ D. C.,  FEBRERO OCHO (8) DE 2007, RADICACIÓN NÚMERO: 05001-23-31-000-1997-02637-01, EXPEDIENTE: 30.903.- A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

 

i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo 

                                                                 

En consecuencia, en cuanto tiene que ver con las entidades y empresas prestadoras de SPD, quedaron derogados, parcialmente, los arts. 132.5 y 134B.5 del CCA. –reformados por la ley 446 de 1998-, …

 

Dado que la nueva ley extiende la competencia a toda clase de entidades, sin consideración a la función que ejercen ni al objeto de los contratos, entonces la segunda parte del numeral 5, resaltado en negrilla, quedó derogada por la nueva ley, porque no pueden subsistir, al menos en los aspectos a que se refiere la ley, criterios materiales y criterios orgánicos, sin excluirse.

 

ii) Debe conocer de las controversias y litigios de responsabilidad extracontractual, en los que sea parte una entidad pública, sin importar el tipo de órgano, ni la función que ejerza, basta con que se trate de una entidad pública, con la excepción del numeral siguiente.

 

iii) Las materias a que se refieren los numerales anteriores, las juzga esta jurisdicción, inclusive, tratándose de sociedades donde el Estado posea un capital superior al 50%. Si el capital público es igual o inferior a este porcentaje, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria.

 

iv) En materia laboral, esta jurisdicción sigue conociendo de los asuntos que tenía asignados, excepto los previstos en la ley 712 de 2001, la cual continúa vigente, en los términos del parágrafo del art. 2 de la ley 1.107 de 2006.

 

v)  También debe conocer de las controversias y litigios de las personas privadas “… que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado” –art. 1, ley 1.107 de 2006-, incluidas las contrataciones de las empresas privadas de SPD, donde se pacten y/o ejerciten los poderes exorbitantes –art. 31 ley 142, modificado por la ley 689 de 2001-, y las materias a que se refiere el art. 33 de la misma ley.

 

vi) Esta jurisdicción no conoce, sin embargo, de los proceso de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especiales –ejecutivos contractuales (art. 75, ley 80) y de sentencias dictadas por esta jurisdicción (art. 132.7 del CCA)-, que prevalecen sobre las disposiciones generales.

 

Este tipo de procedimiento no es de conocimiento de esta jurisdicción, porque la ley 1.107 dispone que ésta juzga “… las controversias y litigios…” de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, luego no hacen parte de esta jurisdicción.  Se repite, excepto en los dos temas a que se refiere el párrafo anterior.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

 

VIGENCIA DE LAS NORMAS PROCESALES

 

PROCESO EJECUTIVO

 

ESTABLECIMIENTOS ESTATALES DE CRÉDITO

 

NULIDAD PROCESAL INSANEABLE 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,  CONSEJERO PONENTE: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. RADICACIÓN INTERNA 21.132 DE 200.- EXPEDIENTE: 410012331000199508427-01.- BOGOTÁ, D.C., VEINTE (20) DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO (2008).- El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato. Por su parte, el artículo 40 señala que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que empiezan a regir.

 

Al respecto, la Sala(1) ha sostenido que cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de jurisdicción y competencia que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata.

 

Sobre la competencia de esta jurisdicción para conocer de procesos ejecutivos el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, disposición vigente para la fecha de presentación de la demanda, señala que el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 

Además, con la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006, por medio de la cual modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, quedó definido, de manera concreta, el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según los siguientes términos:

 

“ART. 1°—El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así: “ART. 82.—Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

 

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

 

 “La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

 

Las modificaciones introducidas mediante la norma transcrita tienen que ver con los siguientes aspectos: de un lado se definió que el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo consiste en “... juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas...”, en lugar de “... juzgar las controversias y litigios administrativos...”, como disponía el artículo modificado. De otro lado, incluyó, en forma expresa, a las sociedades de economía mixta, siempre que el capital estatal sea superior al 50%.

 

En relación con los procesos ejecutivos, la Sala(2) señaló que esta jurisdicción, no obstante lo dispuesto en la norma transcrita, no conoce de los procesos de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especiales —como lo son los ejecutivos contractuales (L. 80, art. 75) y las ejecuciones de sentencias dictadas por esta jurisdicción (CCA, art. 132.7)—, las cuales prevalecen sobre las disposiciones generales, entre otras razones porque la Ley 1107 dispone que esta jurisdicción juzga “ ... las controversias y litigios ...” de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, aun cuando se propongan excepciones de mérito, luego tales actuaciones no hacen parte del objeto de esta jurisdicción, con excepción, se repite, de los dos temas puntuales atribuidos expresamente por la ley.

 

Ahora bien, tratándose de contratos celebrados por establecimientos de crédito de carácter estatal, el artículo 32 de la Ley 80 de 19933 establece que los contratos celebrados por estas dentro del giro ordinario de sus negocios no están sujetos a las disposiciones del Estatuto general de contratación estatal, por manera que a estos no es posible aplicarles el contenido del artículo 75 íbídem, única disposición que le otorga competencia a esta jurisdicción para conocer de los procesos de ejecución derivados de contratos estatales. Siendo ello así, resulta necesario concluir que esta Jurisdicción no puede conocer de los procesos ejecutivos derivados de contratos celebrados por entidades estatales de crédito, puesto que éstos no están sujetos a la norma de competencia prevista en referido artículo 75, la cual, como se anotó, se sigue aplicando aun en vigencia de la Ley 1107 de 2006.

 

En este caso, se tiene entonces que el contrato de crédito documentado del cual se derivó el pagaré cuya ejecución se persigue fue celebrado entre el Instituto de Fomentó Industrial - IFI, sociedad de economía mixta del orden nacional vigilada por la Superintendencia Bancaria (fl. 12 cdno. 2) y la empresa Ferrohuila S.A. y con cargo a dicho contrato el IFI expidió cartas de crédito hasta por un total de US$ 1.250.000, para ser utilizadas por Ferrohuila S.A.

 

El contrato de crédito documentario está consagrado en el Código de Comercio como el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, la entidad financiera se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

 Se entiende(4) como crédito documentado todo el proceso iniciado con la solicitud de apertura de un crédito, el cual termina con la aceptación de dicha petición mientras que por carta de crédito se concibe aquel documento o instrumento documental nacido de la celebración del contrato de crédito documentario; entonces, la carta de crédito es el documento originado de la apertura del crédito documentario.

 

Como se observa, el contrato que dio origen al título cuya ejecución se pretende fue celebrado por una entidad financiera de carácter estatal dentro del giro ordinario de los negocios o actividades propios de su objeto social, por manera que el mismo está excluido de las normas establecidas en el Estatuto general de contratación de la administración pública (L. 80/93) por expreso mandato imperativo del parágrafo 1° del artículo 32 de la misma Ley 80 y, por lo tanto, del otorgamiento de competencia efectuado por el artículo 75 de la Ley 80, lo cual excluye el asunto de la referencia de aquellos cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción.

 

Por lo anterior, el despacho advierte que en este proceso se configuró una causal de nulidad insaneable por falta de jurisdicción de conformidad con lo previsto en el 1° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 145 ibídem. En consecuencia el proceso deberá ser enviado a jurisdicción ordinaria.

 

(1) Expediente 30.566. Auto del 11 de octubre de 2006.

 (2) Expediente 30.903. Auto del 8 de febrero de 2007, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

 (3) También el artículo 221 del Decreto-Ley 222 de 1983 señalaba que las operaciones de crédito que dentro del giro ordinario de sus negocios, realizaran las entidades públicas organizadas como instituciones bancarias o autorizadas para operar como tales no estaría sujetas a las disposiciones del Estatuto de contratación estatal.(4) Leal Pérez, Hildebrando. Código Comercio. Leyer 2008.

 

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

COBRO DE HONORARIOS

 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ, SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. DOCE (12) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). RADICACIÓN NÚMERO: 13565.- El auto proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó será revocado y en su lugar se decretará la nulidad de todo lo actuado en este proceso.

 

Sobre un asunto similar al que se somete a consideración de esta Corporación, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en auto del 25 de septiembre de 1997, con ponencia del DR. RICARDO HOYOS DUQUE. Como la Sala comparte dicha orientación Jurisprudencial, la acoge en su integridad y con fundamento en ella resolverá el presente caso.

 

Revisado el expediente, la Sala encuentra que el contrato de prestación de servicios visible a folios 6 y 7 del cuaderno principal constituye el sustento legal de la solicitud de mandamiento de pago deprecado por el Señor Rodolfo Lozano Díaz.

 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto Ley 456 de 1956, modificado por la ley 362 de 1997, es competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, conocer:

 

“. . . los juicios sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación jurídica o motivo que les haya dado origen, siguiendo las normas generales sobre competencia y demás disposiciones del Código Procesal del Trabajo. Conocerá igualmente de la demanda de reconvención que proponga el demandado en esta clase de juicios de reconocimientos de honorarios y remuneraciones, cuando la acción o acciones que en ella se ejerciten provengan de la misma causa que fundamenta la demanda principal.

               

“Parágrafo Primero. El trámite de los juicios sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones será el correspondiente al del Proceso Ordinario Laboral.

 

“La demanda ejecutiva del acreedor de los honorarios o remuneraciones de que trata el presente artículo tendrá el procedimiento establecido para el Proceso Ejecutivo Laboral.”

 

Con fundamento en lo anterior, esta jurisdicción carece de competencia para conocer del presente proceso, pues su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria y es ante esta que el demandante deberá presentar la demanda para que se dirima el conflicto.

 

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